Cuando el Estado dicta un acto que afecta derechos del particular —deniega un permiso, impone una sanción, rechaza una solicitud, modifica una situación jurídica preexistente— el primer paso para impugnarlo suele ser un recurso administrativo. El sistema federal argentino, regulado por la Ley 19.549 (LPA) y su Decreto Reglamentario 1759/72, prevé tres recursos principales: reconsideración, jerárquico y alzada. Cada uno tiene plazos, autoridades competentes y efectos específicos.
Agotar la vía administrativa es, en la mayoría de los casos, requisito previo para acceder a la justicia mediante acción contencioso-administrativa. Por eso la estrategia recursiva no es un trámite formal: es la primera defensa sustantiva, donde se fijan los hechos, se ofrecen pruebas y se construye la línea argumental que se sostendrá en sede judicial.
Plazo: diez días hábiles administrativos desde la notificación. Se interpone ante la misma autoridad que dictó el acto. Es optativo: no es necesario interponerlo para luego ir al jerárquico, pero su presentación interrumpe los plazos. Útil cuando hay error material claro o nueva prueba que pueda persuadir al mismo órgano.
Plazo: quince días hábiles administrativos. Se interpone ante la misma autoridad pero lo resuelve el superior jerárquico (en la administración central, generalmente el Ministro). Es el recurso central y, en la mayoría de los casos, su rechazo (o el silencio que lo equivalga) habilita la vía judicial. Su presentación es generalmente obligatoria para agotar la vía administrativa.
Aplicable a actos de entes descentralizados (ANSES, AFIP, organismos autárquicos). Plazo: quince días hábiles administrativos. Se interpone ante el Ministro del que depende el ente. Su carácter (obligatorio u opcional) depende del régimen específico del ente.
Cuando se vencieron los plazos para los recursos formales, el artículo 1 inciso e) apartado 6 de la LPA admite la denuncia de ilegitimidad. La administración puede rechazarla sin más o tratarla, pero su decisión, si es de rechazo de revisión, no abre vía judicial autónoma. Es un instrumento limitado pero a veces único.
Los plazos administrativos se computan en días hábiles administrativos. La notificación correcta del acto es presupuesto del cómputo: notificaciones defectuosas no inician el plazo. Suele litigarse precisamente sobre la fecha de notificación. Los plazos pueden ampliarse en razón de la distancia y por causas de fuerza mayor.
Es vital documentar la presentación: mesa de entradas con sello, cargos digitales (cuando hay ventanilla electrónica), notificaciones electrónicas a través de TAD (Trámites a Distancia) o sistemas equivalentes.
Cada provincia tiene su régimen propio (Ley 7647 Provincia de Buenos Aires, Ley 6.658 Mendoza, etc.). En CABA rige la Ley de Procedimientos Administrativos local (Decreto 1510/97, ratificado por Ley 189). Los municipios tienen, a su vez, ordenanzas y códigos de faltas con regímenes recursivos propios. La identificación correcta del régimen aplicable es la primera tarea técnica.